Post cargamontón a Ricardo Soberón

Por Augusto Álvarez Rodrich alvarezrodrich

La exposición de la política antidrogas que Ricardo Soberón hizo en el Congreso le permitió al gobierno conseguir, al menos, el beneficio de la duda con relación a su plan, pero lo más importante es que, por fin, el narcotráfico ha subido hasta la parte alta de la agenda nacional.

En proporción inversamente proporcional a la magnitud del problema, el debate sobre el narcotráfico en las instancias políticas y económicas ha sido tradicionalmente escaso y ligero.

El narcotráfico no suele ser visto como la grave amenaza a la gobernabilidad que realmente es, ni se suele plantear que, si no se lo enfrenta con decisión y con un plan acorde al tamaño del desafío, acabará minando las bases y fundamentos de la sociedad, tal como está sucediendo en México.

Si el narcotráfico no se encara, seguirá creciendo –como ocurre desde hace décadas– y afectará sustantivamente la calidad de vida de los ciudadanos así como la competitividad de las empresas y la economía peruana.

En este contexto, lo positivo de la designación de Soberón en Devida, con todas las controversias que generó, es que, entre los que querían bajárselo prematuramente –por razones políticas y, también, por los mensajes confusos que él mismo proyectó–, y los que lo defendieron ante dicho embate, produjo un debate que, más allá del aderezo tradicional de estos pleitos, le dio notoriedad al grave problema del narcotráfico.

Las cuatro horas durante las que Soberón expuso ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso y debatió la política antidrogas del gobierno con los representantes de las distintas bancadas han sido, en este sentido, un hecho positivo para el país.

Como consecuencia, no solo fracasó el cargamontón contra Soberón, sino que el gobierno generó un consenso relativo sobre el plan para luchar contra el narcotráfico, lo cual podría contribuir a darle categoría de política de Estado.

En términos concretos, esto significaría, por un lado, que tenga un alcance transversal en el sector público, lo cual es indispensable en una política cuya naturaleza obliga a que deba cruzar a todos los sectores, como Salud, Educación, Interior, Policía, Fuerzas Armadas, entre muchos otros.

Por otro lado, esto implicaría que su proyección en el tiempo supere el periodo de un gobierno, con determinados ejes que se mantienen y adaptan a las circunstancias cambiantes.

El narcotráfico es un enemigo enorme y poderoso con recursos casi ilimitados, pero hay que darle guerra para que no acabe capturando a la sociedad peruana.