El buen camino de la izquierda

La Columna del Director: Juan Carlos Tafur

A ocho meses de la toma de mando de Susana Villarán como alcaldesa de Lima y poco más de un mes del inicio gubernativo de Ollanta Humala, solo una mirada mezquina podría denunciar que en ambos casos se ha conducido al descalabro o al desgobierno.

Humala está sabiendo conciliar pareceres y pautas ideológicas diversas. Y respetando su propia identidad ha echado a andar un gobierno nacional. Le falta aún precisar sinfín de detalles y aceitar plenamente la maquinaria. Ha cometido, por cierto, diversos errores, pero en líneas generales ni el más recalcitrante de sus enemigos puede enarbolar que tenía razón respecto de las aprehensiones tremendistas que le endosaron durante la campaña.

Lo mismo sucede con Villarán. También le resta afiatar un equipo tecnocrático que combine la necesaria visión política del mandato edil que la lideresa de Fuerza Social quiere imprimirle a su gestión, con actos concretos que transmitan a la población la sensación de trabajo que, sin duda, realiza. Pero muestra una opción seria, honesta y sensata respecto de la tarea encomendada por los electores limeños.

Ambas son muy buenas noticias para el país. El monopolio que quería ejercer una derecha retrógrada, que pasaba por la extirpación de cualquier atisbo de pensamiento de izquierda, ha fracasado. Las urnas le dieron la espalda a un modo de ver la política y la economía que iba a conducir al país no al salto eufórico hacia el desarrollo acelerado o la modernidad económica, sino, muy probablemente, a su explosión.

Que la izquierda, tanto en su gestión presidencial como municipal, demuestre sensatez y mesura, es, por el contrario, la mejor cosa que le pudo haber pasado al país para lograr precisamente que esa modernidad y ese desarrollo se asienten en cimientos sólidos, difíciles de mover en el futuro.

Confiamos en que ambas gestiones sabrán corregir los eventuales errores y carencias que aún revelan. Nada hay en lo dicho o actuado por Humala y Villarán que haga temer un salto al vacío o un golpe de timón desesperado hacia fórmulas populistas que degraden lo avanzado en las últimas décadas. Lejos de ello, han sabido entender que el mercado y la democracia son valores consustanciales, que deben ir de la mano.

Solo queda esperar que la derecha aprenda la lección y abandone de una vez por todas el ánimo desestabilizador que a través de algunos de sus medios de comunicación aún respira. Una cosa es una mirada vigilante y crítica, y otra, muy distinta, el pernicioso espíritu conspirativo que lamentablemente todavía subsiste, aunque cada vez, hay que felicitarse por ello, de modo más aislado y menos influyente.

Cortesia: Diario 16

¿Dónde está la oposición?

Por Mirko Lauer

Volví a revisar las reacciones al discurso de Jorge del Castillo el 24 de agosto del 2006. Se suponía que el Apra acababa de salvar a la democracia peruana de Ollanta Humala, pero el clima no era comparable con el “positivismo” con que trata la prensa al gobierno en estos días. Había el temor a qué haría Alan García, claro.

Los comentarios de los días siguientes fueron haciéndose cada vez más ásperos. Sin embargo unas semanas después García, en lo que sería el primer eslabón de una cadena de declaraciones desafiantes, dijo que no tenía oposición a su gobierno. Entonces comenté que en efecto no existía oposición política, pero que ya se podía advertir una social.

Este jueves pudo decirse que Humala no tuvo oposición política. No es posible llamar así a los 33 congresistas que solo se abstuvieron. El ambiente en los medios de la derecha es que la cosa ha podido ser mucho peor. Del lobo un pelo. Pero la ausencia de una oposición social, de arriba o de abajo, no está garantizada.

Más bien dos formas de oposición parecen seguras: la de la alianza de la extrema derecha con los empresarios más primitivos que se sientan afectados, y la de la alianza de los grupos violentistas con intereses antisociales del sector informal. Recién ahora el país quizás empiece a ver reales elementos antisistema en la política.

Pero dentro del prosistema Humala está siendo recibido como un hijo pródigo. El hombre que pudo destruir todo “lo ganado por Perú” (un retruécano publicitario de la Confiep), y que ahora podría estar salvando al país. ¿De la crisis mundial? ¿De la supuesta insensibilidad social de García? No se sabe bien de qué. Quizás el nuevo Humala ha salvado al país del antiguo Humala (no confundir con el viejo Humala).

Son situaciones distintas, pero tenemos la sensación de que hay vasos comunicantes entre Humala y el segundo García, y en esa medida destinos parcialmente parecidos. El drama de García fue que se volvió un prisionero de la presidencia, las dos veces. Humala parece haber optado por un camino parecido. ¿Acaso no ha empezado con una necesidad de demostrar la misma buena conducta?

El vínculo tiene otra faceta. Buena parte de las promesas de Humala tácitamente son que entregará lo que no pudo dar García.

Seguramente en algunos casos va a lograrlo. Pero la comparación entre cifras va a comenzar en algún momento, y ese será un eficaz argumento opositor, no solo para los apristas. Para esto las cifras no tienen que ser malas, solo más modestas.

Resumiendo: también esta vez parece que no hay oposición, pero esta va a aparecer dentro de poco tiempo. Mantener las cosas más o menos no lo va a evitar, como descubrió García. Hacer cambios probablemente tampoco. Después de todo, una buena oposición es indispensable en una democracia.

Cortesia: diario la republicca

Gremio minero: "No negociamos con una pistola en la sien"

Pedro Martínez. Presidente de la Sociedad Nacional de Minería SNMPE. Representante del sector minero descarta que negociaron con el gobierno con una pistola en la sien y destaca que el nuevo gravamen corrige distorsiones y permitirá que las empresas con más alta rentabilidad paguen más tributos.

Rocío Maldonado.

Días previos a la presentación del gabinete parecía que no se llegaba a un acuerdo sobre el gravamen minero. ¿Les pusieron una pistola en la sien, como afirma el legislador Mauricio Mulder?

(Risas). No, claro que no. Toda negociación tiene momentos buenos y de trabas. De hecho hay algunos momentos en que uno se retira para reflexionar o replantear, y para nosotros fue una conversación natural.

¿Por qué se resistían a pagar los S/. 3,000 millones que el gobierno había planteado?

No es una resistencia...

Ha trascendido que la oferta de la SNMPE era de S/. 1,000 millones...

Sucede que era clave que tres premisas concilien: que el país no pierda competitividad, el deseo del Estado de generar mayores recursos a través del gravamen, y respetar los contratos de estabilidad jurídica y tributaria. Esos tres elementos se pusieron en discusión, tuvimos coincidencias y la conversación empezó a discurrir; el sector minero hizo un primer análisis y ofreció una suma determinada...

¿1,000 millones?

No recuerdo la cantidad exacta, pero más importante que la cantidad es el procedimiento que se utilizó. Partimos de una regalía calculada sobre las ventas y en base a ello se estableció una cifra. Luego encontramos otra coincidencia, que fue aplicar (el gravamen) sobre las utilidades operativas.

¿Eso propuso la SNMPE?

Considerábamos que era lo más saludable si queríamos mantener competitividad. En Chile, por ejemplo, en diciembre se había confirmado regalías sobre utilidades operativas, mientras que en el Perú se aplica sobre ventas y eso genera un nivel de comparación negativa para el país.

¿Al cambiar de metodología o procedimiento para aplicar el gravamen se varió la oferta?

Sí, porque los primeros cálculos se hicieron en base a regalías sobre ventas(...). Además, hay que considerar que existen proyectos que tienen baja rentabilidad y, sin embargo, una carga fiscal alta; contrariamente, proyectos con una rentabilidad mayor pagaban carga fiscal menor. Eso se corregirá si se aplican regalías sobre utilidades operativas, y no sobre las ventas como hasta hoy. Ahora el que más rentabilidad tiene pagará más.

Algunos cuestionan que las utilidades operativas podrían ser infladas y bajar, por ende, el mondo de la recaudación.
Las utilidades operativas son ventas menos costo de ventas. Hay estándares que son de conocimiento de la Sunat.

¿No hay manera de sacarle la vuelta al Estado?

No, porque la Sunat recibe información de cada una de las cuentas contables, de tal suerte que tiene un histórico... Es bien difícil que se pueda hablar de desviaciones.

¿El acuerdo sobre el nuevo gravamen es solo para este gobierno o es permanente?

La intención es que de una vez por todas termine toda la incertidumbre que se genera en el sector minero y que es uno de los peores enemigos de la inversión.

El acta habla de cinco años...

El acta es por cinco años, que es el periodo de este gobierno, pero desde el punto de vista de los inversionistas creo que la solución que se ha encontrado en esta oportunida es permanente en el tiempo, por lo que no tiene sentido modificarla. Ya hay una base o un piso parejo para que las inversiones se desarrollen a lo largo del tiempo.

Entonces, ¿no es la intención renegociarlo con una próxima administración?

No, si el sistema funciona bien y los precios de los commodities siguen altos, la recaudación va a continuar por los años que vienen. El beneficio es importante para la inversión minera porque se está corrigiendo la distorsión que llevaba a pensar que las mineras no pagaban lo suficiente.

Parece que no era lo suficiente si se tiene en cuenta lo obtenido por el aporte voluntario u “óbolo minero” frente a los S/.3,000 millones del nuevo gravamen...

Recuerde que cuando se conversa con en el anterior gobierno sobre la participación de la actividad minera hay un escenario distinto con precios distintos. Hay mucha gente que hace comparaciones...

Es que es imposible no comparar que se obtendrá en un año lo que no se logró en cinco años con el aporte voluntario...

Decir eso es tener falta de memoria, porque en el 2006 los precios de los minerales y metales eran distintos. No podemos comparar dos periodos distintos. Es un error. Por ejemplo, el cobre estaba 60% menos de su precio actual, y también había otros metales con precios deprimidos.

Queda la sensación de que la anterior administración fue débil para negociar...

Ese es un análisis bien simplista. Es muy fácil ver hoy para atrás, pero hay que colocarse en ese momento histórico y ver cuál era la incidencia de los commodities que tenía precios mucho más deprimidos que hoy. Se conversó y se obtuvo un buen resultado tanto para el Estado como para los inversionistas...

¿Quiere decir que los S/.500 millones que se acordó en el 2006 era el máximo esfuerzo que se pudo dar en esa época...?
Claro, con los precios de esa época fue una buena solución tanto para el Estado como para los inversionistas. Hoy es una realidad distinta.

¿Qué tanto tuvo que ver el mensaje del presidente Ollanta Humala, en el sentido de que si no se alcanzaba un acuerdo el tema iba a ser derivado al Congreso?

No, aquí todo se ha manejado de una manera muy técnica. Si bien en la campaña electoral reciente todos los partidos hablaron del impuesto minero y, por tanto, se politizó el tema, cuando hemos llegado a definiciones de primera y segunda vuelta el tema era netamente técnico.

En toda negociación siempre se pide algo a cambio. ¿Qué ha pedido el sector minero para aceptar el gravamen?

No es un toma y daca... pero sí hemos hecho notar que, por ejemplo en el Perú, se demoran mucho los estudios de impacto ambiental, lo cual no quiere decir que estamos pidiendo que se flexibilicen o morigeren.

La SNMPE comparó la situación de las mineras del Perú con países vecinos para evidenciar que aquí se pagaban más tributos...
Hablamos de Chile, Canadá, Australia, y se planteó otra comparación con Argentina, Rusia, Sudáfrica, pero la realidad es más parecida a de los tres primeros países.

Después de este acuerdo, ¿cómo nos encontramos?

A pesar del cambio en el sistema, seguimos estando por encima de Chile...

¿Tal como decía el spot de Juan Carlos Oblitas...?

Sí, en realidad ese spot obedece a una campaña, una serie de varios avisos con contenidos distintos, como competividad, cadenas productivas, generación de empleo...

¿Con ese spot intentaron meter presión en las negociaciones?

No, en lo absoluto. Además, el spot fue lanzado antes de que se inicien las conversaciones.

Con la aplicación del nuevo gravamen a las sobreganancias mineras, ¿existe el riesgo de que se paralicen los proyectos La Granja y Quellaveco, que están en estudio desde hace años, como señaló Pedro Pablo Kuczynski?

La versión que tenemos de los inversionistas es que (los proyectos) continuarán. Sucede que cada uno está en una etapa distinta.
¿Tampoco perjudicará a nuevos proyectos?

Hemos obtenido información de compañías mineras que tienen proyectos para los próximos 10 años por US$ 42 mil millones que han confirmado que continuarán sus programas de inversiones.

¿Cuándo se tendrían definidos los detalles respecto al nuevo gravamen a la actividad minera?

El 1° de setiembre debemos retomar los temas pendientes, que son básicamente perfeccionamiento de la parte legal y tributaria.
¿Qué falta?

En la parte técnica y tributaria, nos falta aplicar la fórmula a una nueva escala. Es decir, nos falta una última corrida de escalas y rangos antes de plasmarlo en el documento de carácter legal.

¿Regirá a partir de setiembre como señaló el Minem?

Si este gravamen es por un ejercicio fiscal o si es de aplicabilidad inmediata es un tema que se lo dejo a los abogados.

Lote 88

Así como el impuesto a las sobreganancias era una promesa de campaña, también está el caso del Lote 88. El ministro Carlos Herrera advierte que una de las empresas del Consorcio Camisea dilata la negociación...

No es así. Le puedo asegurar que las empresas están evaluando el tema para encontrar una solución satisfactoria.

¿Tendrán la misma voluntad para negociar el impuesto o gravamen mineros?

Lo que sucede es que esas negociaciones han empezado posteriormente. Para el tributo minero empezaron el 23 de julio y ha habido más de una docena de reuniones entre las técnicas y las conversaciones con los ministerios.

¿No es que la empresa se quiera aprovechar de un contrato firmado por el Estado para no entregar el Lote 88?

No, y quiero aclarar que del Lote 88 no se ha utilizado ni una molécula como se comenta sin mayor conocimiento. El otro tema del que se habla mucho es que las regalías que paga el mercado interno por el gas natural son mayores a las que se paga en el externo. Eso tampoco es cierto, las regalías por las exportaciones son 50% mayores que las regalías que se pagan en el mercado interno.

Renegociar el gas del lote 88 es una decisión que le corresponde a Pluspetrol.

En realidad allí hay varios actores. Está el consorcio Camisea, y hasta donde sé las autoridades se han reunido con todos. Yo espero que, igual como sucedió con el sector minero, se concluya de una manera satisfactoria.

De otro lado, se ha denunciado que de 6 mil pasivos ambientales que existen en el país, 50% son de operadores vigentes...

Muchos de los pasivos vienen de la minería antigua cuando el Estado tenía concentrada la actividad minera, así como la de hidrocarburos. También es importante anotar que la minería informal es la que más contamina y la que genera estos pasivos.

¿Cuál es la posición de la SNMPE frente a pasivos cometidos por sus socios?

Deben remediarlos en el 100%.Tenemos algunas empresas que ya no pertenecen a la sociedad por no cumplir el código de conducta y estándares medioambientales.

“Reglamento de Consulta Previa debe ser claro”

¿Qué opina de la Ley de Consulta Previa recién aprobada?

Esa ley recoge el espíritu del Convenio 169 de la OIT y una de la líneas maestras de la SNMPE es fortalecer la línea de diálogo; por lo tanto creemos que con esta norma podemos estrechar las distancias e ir hacia una verdadera cultura de diálogo con las comunidades, pero hay que tener cuidado con el reglamento.

¿Qué le preocupa?

El reglamento tiene que ser lo suficientemente claro para evitar equivocaciones o interpretaciones antojadizas. El Estado tiene que entender al Perú como un país unitario; por tanto hay que ser muy preciso en lo referido a cómo se va a desarrollar el procedimiento. El Estado debe resolver un asunto que ha estado en manos de las empresas.

Pero no había ley y muchas veces a una charla informativa se le daba carácter de consulta...

Por supuesto, pero para nosotros es un tema que lo conocemos. Con esta ley se encarga al Estado que lo haga y en teoría debería resolver ante algún diferendo y hacer la compensación necesaria a ese pueblo originario para que la actividad se pueda realizar. La decisión le corresponde al Estado, pues la consulta no tiene carácter vinculante.

¿Respalda que esta ley contribuirá a reducir los conflictos?

Sí, porque estos se dan por desinformación y desconocimiento.

Cortesia: diario la republica

Los juicios a García

Por Javier Diez Canseco

Envuelto en la sombra y quizás en la depresión, Alan García dejó el estrado y los reflectores de Palacio. Los aprovechó hasta el final: inauguró obras inconclusas, gastó decenas de millones en publicidad de autobombo, y, con una arrogancia de su talla, se fue sin entregar la banda presidencial en el Congreso.

Pero, deprimido o no, dejó petardos encendidos al nuevo gobierno horas antes de irse: nombramientos y contratos masivos en ministerios, dispositivos para pagar más de 1.000 millones en bonos de deuda agraria, exoneraciones tributarias por casi 400 millones para ciertas universidades privadas, un bono de S/. 2.000 para unos 12.000 trabajadores de cinco ministerios marginando al resto. ¿Objetivo? Secar la caja fiscal, abrir frentes de conflicto y dificultar los compromisos de crecimiento con inclusión y los programas ofrecidos por Humala.

Debió reaparecer citado a dar testimonio en el caso BTR, que abrió el cofre de los faenones. Pero se corrió de Ponce Feijóo, el amigo de su vice Giampietri, cuya empresa operó en los más diversos espacios del Estado, desde el Congreso y la Contraloría, hasta el municipio del Callao y ministerios. El “testigo” sabe que el escándalo envuelve a varios estrechos colaboradores y ministros. Solo se conoce una pequeña parte de las comunicaciones intervenidas (¿dónde está el archivo completo?) y que varias habrían sido sustraídas. Ponce ha dicho que aportará nuevos elementos pues hasta hoy los que pidieron la interceptación están en la sombra. ¿Manipulará y se librará de ese torbellino?

Pero tiene muchos otros asuntos por los cuales responder. Y amenazó con liderar la oposición si lo procesaban. García emitió 374 DU entre agosto 2006 y julio 2011. Estos solo deben darse ante situaciones extraordinarias e imprevisibles cuyo riesgo inminente de que se extiendan constituye un peligro para la economía nacional. Deben ser excepcionales, necesarios, transitorios, y exigen generalidad y conexidad. Así lo dicen el Reglamento del Congreso y fallos del TC. Pero García los usó para entregar obras públicas, concesiones y adquisiciones, licitaciones sin controles o concursos a dedo que, para muchos especialistas, no solo no eran situaciones extraordinarias e imprevisibles, sino que resultaron onerosas, ineficientes e injustificadas, y evadieron elementales mecanismos de control y fiscalización como los de la Contraloría, dando mano libre a Proinversión. Violentó la Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, implicando altísimo costo al país y beneficios para algunas empresas. Una mayoría aprofujimorista en el Congreso y su Comisión de Constitución facilitó la operación anulando su función de control.
¿Imprevisible y extraordinaria la remodelación del Estadio Nacional (con millones de gastos adicionales), el Teatro Nacional o los llamados colegios emblemáticos? ¿La concesión de puertos (Paita y Callao), irrigaciones como Olmos o las carreteras interoceánicas (con serias denuncias de sobrevaluación), el tren eléctrico, el tratamiento de aguas residuales en Taboada con denuncias de sobornos? Y qué decir del manejo del aeropuerto de Collique, de Sedapal y el Programa de Agua para Todos con costos muy superiores a los promedios internacionales, así como el manejo de Essalud, casos ajenos a los DU. Agreguemos el abuso de los DL –99 gracias a facultades legislativas otorgadas por el anterior Congreso para adecuarnos al TLC con EEUU– que fueron usados para agredir derechos, entregar concesiones y cometer abusos que llevaron a sangrientos desenlaces como Bagua. Ninguna autoridad central resultó responsable política o penalmente.

¿Los indultos “humanitarios” a Crousillat o a quien traficó con recursos para las víctimas del terremoto del sur chico, fueron gratis y únicos? Esto debe verse, más allá del récord de muertos en conflictos sociales que ostenta García, con más de un centenar.

García y su gobierno no pueden evadir una investigación seria y firme e inaugurar el ofrecimiento de una investigación congresal o juicio de residencia que Ollanta Humala planteó al país como forma de control ciudadano.

Crisis internacional y política social

Por Martín Tanaka

En los EEUU se debate sobre qué hacer para manejar su gigantesco déficit fiscal: ¿se debe reducir drásticamente el gasto público y la intervención estatal para que el sector privado lidere la recuperación económica? Pero ¿este camino no creará recesión, así como tensiones sociales imposibles de manejar? Por el contrario, otros plantean que los recortes deben ser graduales y muy selectivos y que la respuesta pasa principalmente por aumentar los impuestos a los más ricos. Pero este camino ¿no pospone enfrentar el problema del déficit, desalienta la inversión y nos lleva a la recesión?

Como es obvio, las respuestas no son fáciles. Por otro lado, si miramos a Europa, encontramos que Francia, Italia, España, también debaten la necesidad de “ajustar” sus programas de bienestar y seguridad social: ¿es una medida difícil, pero indispensable, o una medida política y socialmente inviable que además encubre el mantenimiento de los privilegios de una minoría? En todo caso, la experiencia de Grecia sugiere que no se puede seguir postergando las definiciones.

La ausencia de respuestas claras, en un contexto marcado por la falta de empleos de calidad, por el deterioro de la calidad educativa, por la percepción de estancamiento, genera diversas reacciones: algunos culpan a la élite política y se expresan a través de movilizaciones y plantones de “indignados”. Otros culpan a los extranjeros y a los “diferentes”, lo que da lugar al brote del nacionalismo, de la xenofobia y estallidos de violencia. Otros no saben a quién culpar, por lo que caen eventualmente en conductas vandálicas y delincuenciales. Lo que hemos visto en Israel, Noruega, Inglaterra en los últimos días podría pensarse desde estas coordenadas.

Todo esto tiene implicancias directas sobre nuestro país. Una cosa es plantear regalías o impuesto a sobreganancias a la minería, así como un aumento importante en la inversión social en un contexto de crecimiento, y otra hacerlo en un contexto con amenazas de recesión. No existirá una bonanza fiscal que permita políticas sociales ambiciosas en el corto plazo. Con todo, considero que existe un margen para marcar diferencias importantes en el plano social, cuando menos a través de programas de combate a la pobreza extrema, bajo esquemas de transferencias condicionadas de dinero.

Considérese que en Perú, Juntos alcanza a un 17% de la población pobre, mientras que Plan Familias en Argentina llega al 27%, Chile Solidario al 47%, Familias en Acción de Colombia al 39%, Oportunidades en México al 72%, Bolsa Familia en Brasil al 84% y el Bono de Desarrollo Humano de Ecuador al 100%, según datos de 2008.

El problema es que estos programas por sí solos no garantizan la superación del problema de la pobreza. Para ello es imprescindible que sectores como educación, agricultura y otros sean parte en serio de estrategias integrales de desarrollo, especialmente en zonas rurales.