Aunque parezca una verdad de Perogrullo, la única idea clara que debe tener Ollanta Humala para administrar el país es que él ha sido elegido para gobernar a una nación. Después de todo, “nacionalista” es el nombre de su partido y sería bueno que lo recuerde ahora que existe, y cada vez con mayor desparpajo, un evidente desafío feudal a la idea de la nación peruana. Que la nación peruana como tal exista o no es un asunto académico que debe tener sin cuidado al estadista, pues de lo que se trata, si no existe, es de construir en los hechos esa idea que ha sido, desde la independencia del Perú, el norte político, constitucional y sentimental de lo que podemos llamar “ser peruano”.
Por lo tanto, el presidente de una nación no puede gobernar para los intereses de una región, de un sindicato así como de un tinglado de oligarcas. Hacerlo de buen grado es traicionar el mandato nacional que lo ha investido presidente de todos los peruanos. Hacerlo de mal grado es, simplemente, ceder ante el chantaje que, más temprano que tarde, desfondará su poder y lo convertirá en un presidente merovingio, triste antesala de lo que la historia nos enseña que inevitablemente vendrá: el caudillismo feudal.
No hay que ser ingenuos. El Perú es un país de caudillos. Pero hasta ahora, si bien los caudillos se han podido gestar en alguna región, siempre han terminado por ser caudillos nacionales. Esto está cambiando a pasos de gigante. Hoy vemos cómo la “nacionalidad” se ha achicado a los estrechos límites de algunas regiones cuyos caudillos oficiales u oficiosos (qué es sino Aduviri, en Puno) no les interesa construir un poder más allá que el que tienen como todopoderosos señores regionales y que, astutamente, saben que se diluirá si esos claros linderos de poder se exceden más allá de su región.
Esto ya nos pone sobre aviso de que el poder nacional, si bien todavía es importante, cada vez lo es menos porque, precisamente, cada vez tiene menos poder. Queda claro que un Estado nacional que no puede construir una carretera (sobre la tierra que es suya), que no puede concesionar una mina (que le pertenece) o que no puede hacer cumplir una ley contra el contrabando a favor de todos porque algunos se perjudicarían en tal o cual región, es un Estado cada vez menos nacional y cada vez más débil.
Por lo tanto, el presidente de una nación no puede gobernar para los intereses de una región, de un sindicato así como de un tinglado de oligarcas. Hacerlo de buen grado es traicionar el mandato nacional que lo ha investido presidente de todos los peruanos. Hacerlo de mal grado es, simplemente, ceder ante el chantaje que, más temprano que tarde, desfondará su poder y lo convertirá en un presidente merovingio, triste antesala de lo que la historia nos enseña que inevitablemente vendrá: el caudillismo feudal.
No hay que ser ingenuos. El Perú es un país de caudillos. Pero hasta ahora, si bien los caudillos se han podido gestar en alguna región, siempre han terminado por ser caudillos nacionales. Esto está cambiando a pasos de gigante. Hoy vemos cómo la “nacionalidad” se ha achicado a los estrechos límites de algunas regiones cuyos caudillos oficiales u oficiosos (qué es sino Aduviri, en Puno) no les interesa construir un poder más allá que el que tienen como todopoderosos señores regionales y que, astutamente, saben que se diluirá si esos claros linderos de poder se exceden más allá de su región.
Esto ya nos pone sobre aviso de que el poder nacional, si bien todavía es importante, cada vez lo es menos porque, precisamente, cada vez tiene menos poder. Queda claro que un Estado nacional que no puede construir una carretera (sobre la tierra que es suya), que no puede concesionar una mina (que le pertenece) o que no puede hacer cumplir una ley contra el contrabando a favor de todos porque algunos se perjudicarían en tal o cual región, es un Estado cada vez menos nacional y cada vez más débil.
Un gobierno que se deja aconsejar por la prepotencia siempre termina mal. Pero un gobierno que se deja aconsejar por la debilidad termina peor. En el primer caso el asunto solo afecta al gobierno. En el segundo, al país. Por lo tanto, si bien la razón debe prevalecer antes que la fuerza, es la razón de los intereses nacionales la que debe llevarla sobre la de los intereses particulares. Cuando las razones nacionales son abucheadas o desacatadas, ya sea por los oligarcas, ya sea por algún señor regional del color político que sea, entonces solo queda la mano de hierro de la ley. Este es el único antídoto al desafío feudal. Ollanta Humala debe, más que nadie, estar preparado para ello. Si no será, literalmente, el último nacionalista que ocupe el poder.
Cortesia diario 21
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