Viceministro
por tres meses
Por: Flor Huilca
Vicente Otta, hasta
hace una semana viceministro de Interculturalidad, fue el primer
funcionario de alto nivel de este gobierno que debió dar un paso al costado.
Tras su salida, motivada por una denuncia de estafa en su contra, se escondería una
disputa por la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Esta es
la historia.
Por Flor Huilca
En el último consejo de ministros, tras analizar el sombrío panorama de Omar Chehade, el presidente Humala les dio carta blanca a sus ministros “que tengan problemas en casa”. “Hay que poner orden”, les dijo el mandatario y en el despacho de la ministra de Cultura, Susana Baca, esa disposición se tradujo en la inmediata salida del viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, y de la jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen. Otta: “para que pueda resolver sus problemas personales”. E Yrigoyen porque “se quiere personas que trabajen en equipo”, explicó la ministra.
Por Flor Huilca
En el último consejo de ministros, tras analizar el sombrío panorama de Omar Chehade, el presidente Humala les dio carta blanca a sus ministros “que tengan problemas en casa”. “Hay que poner orden”, les dijo el mandatario y en el despacho de la ministra de Cultura, Susana Baca, esa disposición se tradujo en la inmediata salida del viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, y de la jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen. Otta: “para que pueda resolver sus problemas personales”. E Yrigoyen porque “se quiere personas que trabajen en equipo”, explicó la ministra.
Ambos
argumentos, sin dejar de ser ciertos, no terminan de explicar la caída del
primer viceministro de este gobierno.El tema de fondo fue el control de la reglamentación de la
Ley de Consulta Previa, en un momento crucial para el gobierno:
están en lista de espera inversiones mineras y gasíferas por 42 mil millones de
dólares y la meta de alcanzar 3,900 millones de soles del gravamen minero, para
destinarlos a la inclusión social.
Tanto el viceministerio de Interculturalidad
como el Indepa son claves para esas inversiones. No solo para los 19 proyectos
mineros que esperan iniciar sus operaciones –todos ellos deben pasar por
consulta previa–, sino también para proyectos que ya se encuentran
en ejecución. Tras la aprobación de la Ley de Consulta Previa, Otta e Yrigoyen,
que andaban muy enfrentados, dieron pasos mortales: Otta anunció que procedía la revisión de
concesiones otorgadas desde 1995, año desde el cual está vigente el derecho a
consulta, mientras que Yrigoyen declaró nula una opinión favorable
del Indepa al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la ampliación del Lote 88
de Pluspetrol, en territorios de poblaciones en aislamiento voluntario. Esa decisión, firmada el último día de su gestión, generó
preocupación en el Ejecutivo y en sectores empresariales.
Allí, señala Vicente
Otta, está
la razón de los cambios en el viceministerio de Interculturalidad. “Se han
movido intereses poderosos que tenían secuestrado al Estado y hacían lo que se
les antojaba en materia de inversiones”, dice. Esos intereses, asegura, tienen
todavía representantes en los ministerios de Energía y Minas, Justicia y
Agricultura y la Presidencial del Consejo de Ministros, y se vieron
amenazados por una “gestión que buscaba recuperar la autoridad del Estado
para normar y para que las inversiones cumplan con estándares sociales y medio
ambientales”.
Aun cuando los dos tienen perfiles diferentes –ella una
reconocida abogada, experta en derecho indígena e identificada con las
organizaciones indígenas; y él un sociólogo ligado al sector de izquierda
dentro del gobierno– eran vistos con preocupación por sectores vinculados a las
inversiones mineras. Ella como una “indigenista radical” y él como un “radical
antiminero”.
Estos problemas
domésticos en Cultura llegaron hasta la Presidencia del Consejo de Ministros,
donde se comenta la debilidad que ha
mostrado la ministra Susana Baca para liderar su sector y el papel que juegan
su esposo, Ricardo Pereira, y sus asesores. Ellos, dicen, suelen convocar a
funcionarios para hacer despacho. Uno de esos fue el viceministro Otta, quien
accedió a una primera reunión con Pereira para tratar temas relacionados con su
sector. A la segunda convocatoria le
mandó a decir que a él sólo lo convoca la ministra.
La salida de Otta y de Yrigoyen significaría,
sin duda, un cambio en la orientación que tomará la reglamentación de la Ley de
Consulta Previa. Por lo pronto, la elaboración de la propuesta pasaría del
viceministerio de Interculturalidad a la PCM.
En ese cambio de timón ha sido claro el papel de los
ministerios de Energía y Minas y de Justicia y la PCM, los más
preocupados en que no se caigan las inversiones en cartera. En todos ellos,
además, habría el criterio de que las organizaciones indígenas y los gremios
empresariales no participen en el proceso. Eso se desprende de la resolución
firmada por Susana Baca el 17 de octubre, en la que se convoca a las
organizaciones indígenas y empresariales
para ser parte “de una comisión de consulta de los aportes al reglamento”
cuando la propuesta era que ellos formen la “comisión de trabajo”.
Vicente Otta interpreta su
salida como una primera derrota de los sectores de izquierda en el gobierno
frente a la presión de los lobbys mineros y sectores
de la derecha.
“Han intentado primero con Ricardo Soberón, luego con la ministra Aída García
Naranjo y ahora le tocó a este viceministerio; no siempre se puede salir bien
de esas campañas”, dice.
Los otros blancos de esa campaña ahora
estarían en el Ministerio del Ambiente, que también se ha pronunciado en contra
del Lote 88. Allí, sin embargo, la posición que asuman será en conjunto entre
el ministro y sus dos viceministros.
Cortesia: del Diario la republica

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